La explotación laboral infantil en México es una irregular situación que aleja a millones de menores de las aulas y los condena a carecer de la más elemental instrucción académica, además de que sobreviven en condiciones de empleo insuficientemente remunerativas y poco competitivas..
Disfrazada de trabajo infantil, la explotación laboral de los menores de edad alcanza su mayor nivel en aquellas naciones en vías de desarrollo, que son expresión de la contratación masiva de mano de obra barata, fácil de emplear ante las necesidades financieras de millones de familias que viven en situación de pobreza, tanto en la zona urbana como rural.
De acuerdo a informes dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se sabe que la población infantil laboral de México es de aproximadamente 3 millones de menores, cuyas edades van de los 5 a los 17 años.
Se trata de niñas y niños que se emplean mayoritariamente en negocios pequeños. De estos, 1 millón 515 mil trabajan en el sector comercio; 900 mil en actividades agropecuarias, y los restantes 500 mil laboran en la industria. Del total, sólo 1 millón 500 mil reciben remuneración económica. Sin embargo, el pago recibido es bajo, dado que apenas supera el nivel de los dos salarios mínimos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Atención de la Niñez y la Infancia (UNICEF) reporta por su parte que a nivel mundial, 346 millones de niños y niñas son víctimas de la explotación infantil. De ese universo tres cuartas partes laboran en condiciones y/o situaciones de peligro.
En el caso de México, 27 de cada 100 menores en situación de explotación infantil, laboran en centros de trabajo de alto riesgo, al ser empleados en establecimientos con ruido excesivo y altos niveles de humedad; con uso de herramientas peligrosas y manejo de productos químicos nocivos para la salud. Todo esto constituye causales directas de accidentes y enfermedades.
En razón de estas condiciones adversas, el trabajo infantil implica explotación, toda vez que las niñas y niños que son empleados, además de sufrir los riesgos físicos propios de las actividades que realizan, están expuestos también a la violencia de los adultos, que los someten a determinados abusos, así como a la presión de cumplir con las cargas laborales que les imponen. Todo ello deriva en consecuencias de carácter psicológico que afectan al sano desarrollo de los menores.
Además y de acuerdo con una Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), factores como la necesidad de apoyar la economía del hogar, así como la de cubrir gastos de escuela y propios, y la de aprender un oficio, figuran como las causales principales que obligan a los menores de edad a buscar una fuente de empleo y consecuentemente a abandonar la escuela.
El ausentismo escolar se ha perfilado así como uno de los efectos principales y consecuencia negativa directa de la contratación de mano de obra infantil. Las estadísticas dicen que un millón 200 mil menores de edad, esto es 39.7 por ciento del universo referido no asiste a la escuela por tener que trabajar y en consecuencia, no se tiene garantía de que hayan concluido al menos su educación básica, no obstante lo cual son empleados laboralmente.
Las entidades de la república con mayor número de casos de ausentismo escolar a causa del trabajo infantil son Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Chiapas y Morelos, donde los menores se ocupan en labores no propias para su edad y están expuestos de forma permanente a situaciones de estrés por condiciones de insalubridad, manejo de productos químicos, adversidades climáticas y hasta jornadas extenuantes. El comportamiento mismo de la economía, cuyo crecimiento no es suficiente para atender necesidades de empleo que presenta una población cada vez mayor, genera a su vez ofertas limitadas de trabajo y hasta poco remunerado para los adultos, situación por la cual pasan a ser fuentes de empleo ofrecidas precisamente a los menores de edad.
Ello, aunado a crecientes necesidades económicas al seno del núcleo familiar, son factores que de manera directa motivan a los menores a emplearse laboralmente y los orillan consecuentemente a dejar las aulas, interrumpiendo así sus estudios, incluso con la complacencia de sus padres y/o tutores.
Por otro lado, la laxitud de la legislación en la materia que no preceptúa la obligación de que aún, en los casos de excepción, los menores de edad contratados laboralmente acrediten haber concluido al menos con su educación básica, deja abierta la oportunidad para los patrones de emplear a infantes a discreción.
Por ello los menores de edad que sean empleados laboralmente bajo el supuesto de casos de excepción, deberán acreditar como condición haber culminado al menos su educación básica.
Asimismo, los mayores de 16 años que sean contratados laboralmente, tendrán la garantía de que los trabajos a desempeñar no pongan en peligro su salud o su seguridad, y que tampoco obstaculice su educación, su orientación vocacional ni su formación profesional.
Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciséis años, deberán estar obligados, entre otros preceptos ya establecidos, a exigir la exhibición de certificados que acrediten la culminación de educación obligatoria, debiéndoles otorgar entre otras condiciones, el tiempo suficiente dentro de la jornada laboral para la continuación de sus estudios.
El Regional 